En el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en Santa
Rosa, La Pampa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un
informe que da cuenta de la compleja y crítica situación presupuestaria que
atraviesa el sistema universitario argentino.

El documento señala que las transferencias a las
universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre
2023 y 2026, lo que representa una reducción sin precedentes en los recursos
disponibles para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Esta
retracción impacta de manera directa en todas las dimensiones de la vida
universitaria, desde lo académico hasta lo administrativo.

En relación con los salarios, el informe advierte un
significativo deterioro del poder adquisitivo del personal docente y no
docente. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios aumentaron un
158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 280%.
Esta brecha se traduce en una pérdida real del 32%, equivalente a
aproximadamente 7,3 salarios mensuales en el período analizado. En este
contexto, los ingresos del sector se ubican en su nivel más bajo de los últimos
23 años y entre los más bajos desde el retorno de la democracia.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, el informe
estima que sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los
valores vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de restablecer la capacidad
de compra previa al inicio de la actual gestión nacional.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, el panorama
resulta igualmente preocupante. El poder adquisitivo de estas partidas no ha
superado el 64% del nivel registrado en enero de 2023 en ningún momento del
período analizado y actualmente se ubica en torno al 40%. En términos
acumulados, esto equivale a la pérdida de casi nueve meses de transferencias en
comparación con el promedio registrado entre enero y noviembre de 2023.

El informe también subraya que el ajuste alcanza a programas
estratégicos para el desarrollo del sistema universitario. En 2025, el
financiamiento destinado al fortalecimiento de la ciencia y la técnica en
universidades representó apenas el 38,05% de lo ejecutado en 2023. En el caso
de la extensión universitaria, la caída es aún más pronunciada, con un nivel de
ejecución equivalente al 1,02%.

Asimismo, se registran fuertes reducciones en programas de
apoyo estudiantil. Las Becas Progresar, por ejemplo, muestran una ejecución en
2025 que alcanza solo el 26,02% del nivel de 2023. A su vez, las partidas
destinadas a infraestructura universitaria y al acompañamiento de trayectorias
estudiantiles presentan una ejecución nula.

Particularmente en 2026, el presupuesto vigente vinculado a
las Becas Progresar evidencia una reducción nominal del 82% respecto del año
anterior, lo que implica una caída real superior al 95% en comparación con los
valores de 2023.

Desde el ámbito universitario se advierte que este escenario
compromete seriamente el normal funcionamiento de las instituciones, así como
el sostenimiento de políticas clave en materia de inclusión, producción de
conocimiento y desarrollo científico-tecnológico. En este contexto, rectoras y
rectores de todo el país coincidieron en la necesidad de recomponer el
financiamiento del sistema universitario como condición indispensable para
garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.