A través de un comunicado, emitido el viernes 15 de mayo, el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó y repudió los ataques y
agresiones provenientes del Presidente de la Nación y del Subsecretario de
Políticas Universitarias contra el sistema universitario argentino y sus
autoridades.

“No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que
se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario, por el
solo hecho de cumplir con nuestra responsabilidad institucional” manifestaron
en dicho texto. Y agregaron: “Nuestra obligación, en tanto autoridades
públicas, es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la
Constitución y de los derechos que de ellas emanan. No estamos frente a una
discusión personal ni ante una disputa menor”.

Los rectores y rectoras de las universidades públicas del
país afirman encontrarse frente a un intento sistemático de desacreditar
institucionalmente a quienes ejercen legítimamente la defensa de dicha
institución.

“Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el
insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es
una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia
democrática. No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que
reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación,
ratificada institucionalmente, respaldada por decisiones judiciales y apoyada
masivamente por la sociedad, constituye un acto delictivo. Muy por el
contrario, en una república es una obligación ética, política e institucional
exigir que se cumpla la ley.” señalaron las autoridades.

En el documento, manifestaron que los avasallamientos se
fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación, luego enfatizaron: “No
tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro
lado frente a semejante degradación del discurso público. Defender la
universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de
la ley, desacreditando a quienes piensan distinto o reclaman derechos legítimos”.

Al finalizar, agregaron que también se encuentran reclamando
por una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La
sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería
ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la
Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios
públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación”.

“La universidad pública argentina no va a retroceder frente
a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir
defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación
superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático,
plural y federal de nuestras universidades. Porque lo que está en discusión no
es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de
país, de democracia y de sociedad que queremos construir” concluyeron.