“En primer lugar, resulta necesario expresar con absoluta claridad que esta declaración no cuestiona el derecho de propiedad privada. Por el contrario, reconocemos que constituye uno de los pilares del orden constitucional argentino, de la seguridad jurídica, de la democracia y del funcionamiento de la economía”, dice en sus primeras líneas el documento abierto elaborado por docentes, investigadores/as y estudiantes del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

El documento de 23 páginas fue publicado en redes sociales antes de las modificaciones realizadas por parte del oficialismo nacional al proyecto de ley denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, entre las que fue dada de baja la intención de vender a extranjeros tierras argentinas. Sin embargo, quedan otras aristas en ese plan que debate hoy jueves 6 de agosto el Senado de la Nación, como las referidas a expropiaciones, capacidad estatal, planificación territorial, desalojos, derecho a la vivienda, organización del territorio, valorización del suelo, especulación inmobiliaria, recursos estratégicos, seguridad nacional, soberanía territorial, fronteras. También, manejo del fuego y cambio de uso del suelo.

Por eso es que el texto destaca la necesidad de un abordaje amplio e interdisciplinario de la temática. “Las reformas que modifican las reglas de apropiación, utilización y gestión del suelo requieren un análisis interdisciplinario, propio del rol que debe asumir la universidad pública, sustentado en evidencia científica y en una amplia deliberación democrática”, refiere la declaración del Departamento que dirige el licenciado Hugo Tejada.

“Modifica la capacidad del Estado”

El escrito manifiesta que el proyecto “modifica instrumentos vinculados con la capacidad del Estado para ejecutar obras de interés público, con la integración socio-urbana, con la administración de tierras rurales que contienen recursos estratégicos y con los mecanismos de protección del territorio afectado por incendios”.

Respecto de esta última parte relacionada con los incendios forestales -algo de lo que proporcionan imágenes de manera habitual el ecosistema de medios de Argentina y las redes sociales-, el documento da cuenta de que la legislación incorporada en 2020 (Ley N.º 27.604 de Manejo del Fuego) “buscó reducir los beneficios potenciales derivados de un cambio posterior (al incendio) en el uso del suelo, eliminando durante extensos períodos la posibilidad de desarrollar determinados emprendimientos sobre superficies incendiadas”. “Esta regulación funcionaba como un mecanismo preventivo indirecto, al disminuir el atractivo económico que podía representar la transformación de áreas incendiadas hacia usos de mayor rentabilidad”, indica.

Sobre el proyecto actual, afirma que “elimina buena parte de ese componente preventivo”. “Ello no implica afirmar que los incendios respondan necesariamente a acciones intencionales destinadas a obtener beneficios económicos. Sin embargo, desde el análisis institucional resulta ampliamente reconocido que las normas jurídicas generan incentivos que influyen sobre el comportamiento de los distintos actores públicos y privados”, sugiere el texto.

Minimizar comportamientos oportunistas

“Cuando desaparecen restricciones que anteriormente limitaban la obtención de beneficios derivados del cambio de uso del suelo, aumentan las posibilidades de que determinados actores intenten aprovechar las nuevas condiciones regulatorias allí donde existan elevadas expectativas de valorización territorial”, señala la declaración.

En esa perspectiva, dice que el problema no consiste exclusivamente en la existencia o inexistencia de conductas ilícitas, sino en el cambio del marco institucional en el que se desarrollan las decisiones relacionadas con el territorio. “Una adecuada regulación procura precisamente minimizar los incentivos que puedan favorecer comportamientos oportunistas, cualquiera sea el actor involucrado”.

En adjuntos, la Declaración completa

Imagen de portada: Paula Farias