La
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el sistema universitario argentino se
encuentran expectantes ante el escenario judicial que atraviesa el
financiamiento universitario.

La
resolución judicial se da luego de que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dejara en firme la medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la Ley
de Financiamiento, los cuales establecen el recupero salarial e inflacionario a
partir de diciembre de 2023. Si bien en junio el Poder Ejecutivo otorgó un
adelanto del 21 por ciento, todavía resta saldar un porcentaje que supera el
25%.

Desde
la UNSJ remarcaron que el Gobierno Nacional debe dar respuesta inmediata para
evitar incumplimientos a mandatos judiciales: "Es un paso positivo, pero
todavía queda el paso final. Esperemos que el gobierno resuelva esto que falta
de los aumentos en el esquema salarial, esperando un fallo definitivo que abra
la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario", señaló Ricardo
Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ.

La
discusión de fondo: la supremacía de la Ley sobre los DNU

El
funcionario universitario hizo hincapié en que la cautelar actual deja en
abstracto los planteamientos previos del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), consolidando la obligación de cumplir con la normativa vigente mientras
se aguarda el fallo definitivo de la Corte Suprema.

Sobre
este punto central, Coca argumentó que el planteo de fondo es de carácter
constitucional y cuestionó el argumento de un DNU que promulgó la ley, pero
intentó frenar su aplicación bajo la excusa de no contar con los fondos
necesarios.

Además,
Coca recordó que “tanto la Constitución Nacional como la Ley de Educación
Superior establecen la obligación estatal de garantizar el financiamiento, y
que el jefe de Gabinete cuenta con las atribuciones necesarias para la
reasignación de partidas presupuestarias”.

"Hacer
malabares" frente al ajuste

Consultado
sobre la realidad cotidiana de la UNSJ, el Secretario Administrativo reconoció
que “la falta de actualización presupuestaria general golpea directamente en
áreas clave como gastos de funcionamiento investigación, extensión,
infraestructura, entre otros. Hay que tener en cuenta que en gasto de
funcionamiento estamos recibiendo lo mismo que recibíamos en mayo 2025, es
decir, que implica cada vez irnos atrasando más y limitándonos más”.