Desde el Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI) se realizó un panel para hablar acerca de la Declaración de Derechos Indígenas. La mesa estuvo conformada por Nadia Gómez (CPI del pueblo Huarpe), Franco Gil (CPI del pueblo Huarpe), Javier Alamino, abogado, Olga Rodríguez, licenciada en Antropología y Verónica Sosa, representante de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Ministerio de Educación de la provincia. Javier Alamino, abogado y representante de algunas comunidades indígenas de San Juan, explicó que el 13 de septiembre se cumplieron 10 años de la “Declaración de Derechos Indígenas”, el último documento jurídico de derecho indígena que tiene un valor ético y moral importante. “Es reconocido por casi todos los países, a excepción de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda” resaltó Alamino. Respecto de los derechos consagrados en esta Declaración, Javier Alamino, menciona los relacionados con conflictos territoriales. Estos, además, son reconocidos dentro de la Constitución Nacional y avalados por el Convenio 169 de la OIT. En el caso particular de la provincia de San Juan, hay comunidades que están relevadas y otras que no. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos hay conflictos en cuanto a la posesión territorial de las tierras, ya que al no poseer el título de propiedad quedan en una posición de vulnerabilidad respecto de la usurpación. Como fue el caso de la localidad de El Encón, en el departamento de Sarmiento, que intentaron alambrar bajo la excusa de la Ley de Bosques. En este ejemplo se observó un conflicto entre la propiedad privada y la indígena. Por lo tanto, la medida que se aplicó fue justamente la Declaración de los Derechos Indígenas junto con la Ley 26160 para frenar este atropello. En sintonía con este tema, Alamino lo relacionó con el caso de Santiago Maldonado, el cual claramente comienza con una lucha territorial de la comunidad Mapuche, en la que no se aplicó ni la Constitución Nacional ni ninguna de las legislaciones a las que adhiere el país. Esto derivó en luchas que no logran tener una resolución a favor de la propiedad indígena sino todo lo contario, los propietarios privados siguen con los títulos de tierras y cualquier protesta de parte de las comunidades indígenas es minimizada.