El desafío es seguir multiplicando semillas de accesos y equidades para arribar a un sembradío virtuoso. Para ello sigue siendo necesario un Estado que mire la cuestión de la alimentación como algo que está un poco más acá, más hacia adentro, del agronegocio.

Texto de Fabián Rojas y Susana Roldán

En la nota titulada Una cuestión de derecho a la alimentación, publicada en esta revista el 12 de junio pasado a raíz de lo que podía llegar a ser un avance del Estado argentino si lograba salvar y regentear una empresa en quiebra que es vital para los intereses del país como Vicentin, la investigadora Yanina Rodríguez Ibañez afirmaba que soberanía alimentaria “es un paradigma que propone un cambio histórico sobre la forma de abordar el hambre y la alimentación”. ¿Por qué? Porque la importancia de la soberanía alimentaria, decía Rodríguez Ibañez, “está en la forma de concebir el sistema agroalimentario para garantizar el derecho a la alimentación”. Muy cercano a eso, si es que no lo es directamente, está el espíritu del Programa ProHuerta, que cumple tres décadas.

En 1990, paradójicamente junto con el inicio de la segunda ola neoliberal en Argentina pero en concomitancia con la crisis hiperinflacionaria de 1989, nació este Programa como una manera de autoproducción agroecológica. Fue un 3 de agosto. Como dijo José Sarandón, notable profesor de Agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de la Plata en una entrevista con octubre/73, “la revolución verde, movimiento surgido en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para ‘solucionar’ el problema del hambre del mundo a través de la adopción de variedades ‘mejoradas’ de cultivos de alto potencial de rendimiento, hoy está agotado”. En cambio, hablaba de la agroecología como un “nuevo paradigma de abordaje de las ciencias agropecuarias que, entre otras cosas, reconoce los saberes y conocimientos que tienen los agricultores”. [...]

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