Con el manejo aún hoy de un Presupuesto que fue creado para el año 2023, la comunidad universitaria y científica de la Argentina presentó en la mañana de este miércoles 28 de mayo un Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria en el Congreso de la Nación. “La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”, menciona en su primer artículo.

En el actual escenario de desfinanciamiento del sistema universitario del país, el proyecto, que contiene doce artículos, fundamenta que “la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental”. “De acuerdo con la Ley de Educación Superior N° 24.521, ‘el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales […]”, agrega el escrito.

El proyecto fue elaborado con el aporte de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país. Fue presentado y avalado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por la Federación Universitaria Argentina (FUA), por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), por la CONADU Histórica; la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y los gremios CETERA y UDA, entre otros.

Incrementar la inversión

El diseño, que fue presentado por legisladores, legisladoras, el presidente del CIN, Oscar Alpa, entre otros referentes de las universidades, prevé que el incremento de la inversión en educación universitaria se destinará, prioritariamente, a afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua. A garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y nodocentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo. A desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y nodocente. A ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales. A promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad, acorde a las necesidades del desarrollo regional. A desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales. A asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades. A asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita. A incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel.

Respecto de gastos de funcionamiento, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo Nacional “garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias”.

Carreras estratégicas e Inteligencia artificial

También el plan contiene un Fondo Para Carreras Estratégicas con un “fondo anual de $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial”.

Becas

En cuanto a becas, el proyecto reclama al “Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas”.

“Nosotros, los estudiantes, que somos el claustro más grande de la universidad, nos vemos afectados por cada una de las situaciones difíciles. Pero hay una situación que a nosotros nos deja en un estado crítico, que tiene que ver con las becas universitarias. Hoy estamos hablando de dos becas nacionales, sobre todo Progresar y Manuel Belgrano. Progresar, con estado de ley, incumpliendo la ley sancionada hace unos años, están congeladas en 35 mil y 81 mil pesos, respectivamente, lo que nos pone en una situación en que el estudiante tiene que elegir si paga el colectivo o come un plato de comida al mediodía o saca los apuntes”, dijo durante la presentación en el Congreso Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina.

Paritarias

Otro punto que aborda el proyecto es la recomposición salarial de docentes y nodocentes de las universidades, por lo que encomienda al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias “garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley”.

Hacia un 1,5 por ciento del PBI

El texto dice que el Presupuesto “destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año. Para ello, al momento de elaborar el presupuesto nacional, la inversión del gobierno nacional en educación universitaria crecerá”, anualmente de acuerdo a presupuestos que irán incrementando desde el 1 por ciento en 2026 hasta el mencionado 1,5 por ciento en 2031.

Diferencias

En las fundamentaciones, el proyecto destaca que desde diciembre de 2023 las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en Argentina “atraviesan una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior (Decreto Nº 8/2023 y Decisión Administrativa Nº 5/2024)”. Así, explica que “las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento”.

Además, sobre los salarios el texto alega que desde 2023 “las transferencias para sueldos docentes y nodocentes se incrementaron en 103 % contra el 179 % del IPC (lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real). Mientras que, si comparamos la variación de los sueldos con el incremento del ingreso tributario nacional, se puede observar que el Poder Ejecutivo Nacional redujo en un 50 % las partidas asignadas al sistema universitario nacional”.