En un contexto
de fuerte incertidumbre para el sistema universitario, el secretario general de
APUNSJ, Daniel Durán, brindó precisiones sobre la posición de la Federación
Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) respecto del
aumento salarial anunciado por el Gobierno Nacional sin mediación paritaria.

Durán recordó
que durante diciembre no se envió ningún instructivo de modificación salarial,
pese a que circuló un borrador de resolución que proponía un incremento del 5%
para enero. Esa iniciativa quedó sin efecto luego de que, a partir del trabajo
conjunto de FATUN y las federaciones docentes, el Congreso Nacional rechazara
el intento del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Financiamiento
Universitario.

Ese paso
legislativo permitió avanzar en una presentación judicial impulsada por el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmada por la mayoría de los
rectores de universidades públicas del país, junto a las federaciones
gremiales. Como resultado, un juez de primera instancia ordenó al Poder
Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento
Universitario.

El artículo 5
establece la obligación de retrotraer los haberes docentes y no docentes a su
poder adquisitivo de diciembre de 2023 y aplicar actualizaciones salariales
acordes con la pauta inflacionaria. También exige la convocatoria inmediata a
la paritaria nacional para discutir el esquema salarial de ambos sectores. El
artículo 6, por su parte, dispone la actualización de las becas estudiantiles,
un componente clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema
universitario.

Según Durán,
hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a ninguno de estos
puntos, ni ha informado si apeló o no la sentencia. “En ambos casos, el
Gobierno ha hecho oídos sordos a la orden de la justicia”, manifestó.

El Secretario
general señaló que el objetivo central de FATUN es lograr la aplicación
inmediata de los artículos 5 y 6, tal como exige la resolución judicial. La
Federación permanece en estado de alerta, acompañando las acciones
institucionales y gremiales que buscan garantizar el financiamiento adecuado
del sistema universitario y la recuperación salarial del sector docente y no
docente. “Esta problemática anticipa un año de conflictividad. Para el 10 de
febrero está previsto un paro, que puede modificarse si las cosas cambian”,
explicó.

Además, Durán
remarcó: “Queremos decirle al sector nodocente y a la comunidad universitaria
en general que es tiempo de una profunda reflexión sobre el momento que estamos
viviendo y sobre el futuro de la Universidad Pública. No es un eufemismo, ni
una consigna política, ni un mensaje para atemorizar. La realidad es que está
comprometida la supervivencia de las universidades nacionales”.

Finalmente,
sintetizó el reclamo central del sector: “Lo que pedimos es simplemente que se
cumpla la ley y se respete lo que la justicia ya resolvió. Esto significaría un
aumento salarial piso del 40%”. Subrayó también la importancia de sostener la
unidad del sistema universitario en defensa de sus condiciones laborales,
académicas y de inclusión social.

Fotografía: Paula Farías