La Cámara de Diputados de la Nación sancionó, en el inicio del jueves 9 de abril, la modificación a la Ley de Glaciares. Por eso, Silvio Pastore,
investigador de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), explicó qué cambia en la
provincia con esta normativa. Además -consultado
por Radio U- dijo cuál sería el rol de la Universidad
en la preservación de las reservas de agua dulce.

“El impacto más importante que nuestro equipo
visualiza –después de la definición en la Cámara baja del Congreso- es que arranca ahora un
periodo en donde las provincias van a tener que adecuar su legislación para
poder aplicar y superar la Ley de Presupuestos Mínimos (para protección
ambiental)”, indicó el profesional.

Después, el profesor del Departamento de Geología y
coordinador del Gabinete de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio
Climático de la UNSJ, dejó dos sentencias claves tras analizar la modificación
a la normativa.

La primera es que “la provincia mejor preparada es
San Juan, porque viene realizando estudios desde el año 2011 y tiene autoridad en
esta temática”. Para él, “el resto de las provincias van a tener un desafío
inmenso para resolver cómo van a superar la Ley de Presupuestos Mínimos”.

Mientras que la segunda sentencia refiere a que “la
ley no está permitiendo que se afecten glaciares, los sigue protegiendo”. “Nosotros
no identificamos ningún cambio negativo en la ley”, aclaró.

El
rol de la Universidad

Consultado sobre el lugar de la UNSJ en la
protección de los glaciares, Pastore dijo que es “una institución creíble”, “con
conocimientos y con recursos suficientes para estar a la altura de la situación”.

“Desde la ciencia vamos a aportar el conocimiento,
no somos autoridad de aplicación”, aclaró. Aunque consideró que las
universidades serán fuente de consulta porque “son las que mejor preparadas están o las que vienen estudiando estos ambientes hace muchos años”.

Sin embargo, dijo que puede haber provincias “que tengan
instituciones particulares que también estén preparadas”, y puso de ejemplo al IANIGLA
(Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que está
en Mendoza.

“Lo importante es que son los conocedores del
territorio, los estados provinciales los que tienen que empezar a normar,
definir, resolver y aplicar la ley. Nadie mejor que ellos para decidir de la
manera más correcta. Alentamos que sea con base en la ciencia”, opinó.  

Las
modificaciones

“Hay aproximadamente seis artículos que han sido
modificados, de casi 19”, apuntó el investigador.

En resumen, detalló que “la modificación de la ley
devuelve a las provincias la potestad de normar, regular y dictaminar sobre sus
recursos naturales. En este caso sobre el agua en estado sólido, que son los
glaciares”.

“La otra modificación importante para nosotros es que
aclara que la ley está con base en el principio precautorio. Es decir que todos
los glaciares que estén en el inventario nacional revisados por IANIGLA deben
preservarse. Hasta que los estados provinciales muestren que no cumplen con
algunos de los roles por los cuales hubo que protegerlos, ya sea por ser
reserva hídrica estratégica o de interés científico”, explicó el docente.

El último punto que destacó sobre la remozada
legislación está relacionado con el anterior, ya que subrayó que a través de
esta normativa “las modificaciones sobre agregar o quitar glaciares del inventario
nacional” serán “decisión del estado provincial pero con base en la ciencia”. Y
agregó: “A nivel nacional ya tenemos la base cartográfica de los objetos que no
pueden ser tocados”.

Por otro lado, siempre
durante el diálogo con la radio universitaria, Pastore dijo que la provincia “tiene
su inventario y está realizando estudios de máximo nivel para un glaciar de
escombros en la cuenca del Río San Juan y para un glaciar de escombros en la
cuenca del Río Jáchal”.

Zama

Foto: Paula Farias