En un contexto de fuerte incertidumbre para el sistema universitario, el secretario general de APUNSJ, Daniel Durán, brindó precisiones sobre la posición de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) respecto del aumento salarial anunciado por el Gobierno Nacional sin mediación paritaria.

Durán recordó que durante diciembre no se envió ningún instructivo de modificación salarial, pese a que circuló un borrador de resolución que proponía un incremento del 5% para enero. Esa iniciativa quedó sin efecto luego de que, a partir del trabajo conjunto de FATUN y las federaciones docentes, el Congreso Nacional rechazara el intento del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.

Ese paso legislativo permitió avanzar en una presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), firmada por la mayoría de los rectores de universidades públicas del país, junto a las federaciones gremiales. Como resultado, un juez de primera instancia ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

El artículo 5 establece la obligación de retrotraer los haberes docentes y no docentes a su poder adquisitivo de diciembre de 2023 y aplicar actualizaciones salariales acordes con la pauta inflacionaria. También exige la convocatoria inmediata a la paritaria nacional para discutir el esquema salarial de ambos sectores. El artículo 6, por su parte, dispone la actualización de las becas estudiantiles, un componente clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema universitario.

Según Durán, hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a ninguno de estos puntos, ni ha informado si apeló o no la sentencia. “En ambos casos, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la orden de la justicia”, manifestó.

El Secretario general señaló que el objetivo central de FATUN es lograr la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, tal como exige la resolución judicial. La Federación permanece en estado de alerta, acompañando las acciones institucionales y gremiales que buscan garantizar el financiamiento adecuado del sistema universitario y la recuperación salarial del sector docente y no docente. “Esta problemática anticipa un año de conflictividad. Para el 10 de febrero está previsto un paro, que puede modificarse si las cosas cambian”, explicó.

Además, Durán remarcó: “Queremos decirle al sector nodocente y a la comunidad universitaria en general que es tiempo de una profunda reflexión sobre el momento que estamos viviendo y sobre el futuro de la Universidad Pública. No es un eufemismo, ni una consigna política, ni un mensaje para atemorizar. La realidad es que está comprometida la supervivencia de las universidades nacionales”.

Finalmente, sintetizó el reclamo central del sector: “Lo que pedimos es simplemente que se cumpla la ley y se respete lo que la justicia ya resolvió. Esto significaría un aumento salarial piso del 40%”. Subrayó también la importancia de sostener la unidad del sistema universitario en defensa de sus condiciones laborales, académicas y de inclusión social.

Fotografía: Paula Farías