El pasado 27 de mayo se presentó formalmente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes el libro "La aplicación de la tortura en la República Argentina. Realidad Social y Regulación Jurídica", del Dr. Pablo Gabriel Salinas. La presentación estuvo a cargo del Mag. Lic. Eduardo Bustelo y contó con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de San Juan; de las Facultades de Filosofía, Humanidades y Artes, de Ciencias Sociales y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; del Gobierno Provincial, de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y del Foro de Abogados, entre otras. "No es fácil producir un trabajo que incluye una investigación de una temática tan sensible como ésta, pero somos conscientes de que es necesario pensar y hacer pensar, si en realidad queremos un Nunca Más", expresó Eduardo Bustelo durante la presentación. La obra, prologada por el Dr. Raúl Zaffaroni, fue declarada de Interés Provincial y Educativo Cultural por el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de San Juan. La Investigación pretende demostrar, entre otros objetivos, que la tortura aplicada por la Junta Militar en la Argentina entre 1973-1983 respondió a un plan sistemático, organizado y perfectamente reglamentado por la cúpula del poder de facto. Deja en evidencia también que la tortura no tuvo en cuanta el orden jurídico nacional ni internacional porque obedeció a un plan ilegal perfectamente reglado y normado, pero contrario a las leyes fundamentales. Además, el trabajo de Salinas revela que las Juntas Militares diseñaron un plan basado en toda una normativa ilegal que permitió la tortura, una normativa basada en última instancia en el Estatuto y el Acta del llamado Proceso de Reorganización Nacional pero fundamentalmente contraria a la Constitución Nacional. "La legislación mordaza se creó para ejecutar a 80 mil personas en 1976 y no sólo 30 mil. Es decir que si se hubiese completado el plan macabro, el saldo hubiese sido aun más terrible", explicó Pablo Salinas, autor del libro. Pablo Gabriel Salinas es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Penal y Abogado. Actualmente se desempeña como titular de la cátedra Problemática del Control Social y la Violencia en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Es considerado Defensor de los Derechos Humanos por Frontline, entidad consultiva especial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Miembro de Amnistía Internacional. Es integrante de la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho y de la Mesa Ejecutiva de la organización no gubernamental Pensamiento Penal; integrante de la Red Nacional de Abogados por los Derechos Humanos; integrante de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos Xumek, y fue el primer Director de Derechos Humanos que tuvo la Provincia de Mendoza entre 2007 y 2008.