La Cámara de Diputados de la Nación sancionó, en el inicio del jueves 9 de abril, la modificación a la Ley de Glaciares. Por eso, Silvio Pastore, investigador de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), explicó qué cambia en la provincia con esta normativa. Además -consultado por Radio U- dijo cuál sería el rol de la Universidad en la preservación de las reservas de agua dulce.

“El impacto más importante que nuestro equipo visualiza –después de la definición en la Cámara baja del Congreso- es que arranca ahora un periodo en donde las provincias van a tener que adecuar su legislación para poder aplicar y superar la Ley de Presupuestos Mínimos (para protección ambiental)”, indicó el profesional.

Después, el profesor del Departamento de Geología y coordinador del Gabinete de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la UNSJ, dejó dos sentencias claves tras analizar la modificación a la normativa.

La primera es que “la provincia mejor preparada es San Juan, porque viene realizando estudios desde el año 2011 y tiene autoridad en esta temática”. Para él, “el resto de las provincias van a tener un desafío inmenso para resolver cómo van a superar la Ley de Presupuestos Mínimos”.

Mientras que la segunda sentencia refiere a que “la ley no está permitiendo que se afecten glaciares, los sigue protegiendo”. “Nosotros no identificamos ningún cambio negativo en la ley”, aclaró.

El rol de la Universidad

Consultado sobre el lugar de la UNSJ en la protección de los glaciares, Pastore dijo que es “una institución creíble”, “con conocimientos y con recursos suficientes para estar a la altura de la situación”.

“Desde la ciencia vamos a aportar el conocimiento, no somos autoridad de aplicación”, aclaró. Aunque consideró que las universidades serán fuente de consulta porque “son las que mejor preparadas están o las que vienen estudiando estos ambientes hace muchos años”.

Sin embargo, dijo que puede haber provincias “que tengan instituciones particulares que también estén preparadas”, y puso de ejemplo al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que está en Mendoza.

“Lo importante es que son los conocedores del territorio, los estados provinciales los que tienen que empezar a normar, definir, resolver y aplicar la ley. Nadie mejor que ellos para decidir de la manera más correcta. Alentamos que sea con base en la ciencia”, opinó.  

Las modificaciones

“Hay aproximadamente seis artículos que han sido modificados, de casi 19”, apuntó el investigador.

En resumen, detalló que “la modificación de la ley devuelve a las provincias la potestad de normar, regular y dictaminar sobre sus recursos naturales. En este caso sobre el agua en estado sólido, que son los glaciares”.

“La otra modificación importante para nosotros es que aclara que la ley está con base en el principio precautorio. Es decir que todos los glaciares que estén en el inventario nacional revisados por IANIGLA deben preservarse. Hasta que los estados provinciales muestren que no cumplen con algunos de los roles por los cuales hubo que protegerlos, ya sea por ser reserva hídrica estratégica o de interés científico”, explicó el docente.

El último punto que destacó sobre la remozada legislación está relacionado con el anterior, ya que subrayó que a través de esta normativa “las modificaciones sobre agregar o quitar glaciares del inventario nacional” serán “decisión del estado provincial pero con base en la ciencia”. Y agregó: “A nivel nacional ya tenemos la base cartográfica de los objetos que no pueden ser tocados”.

Por otro lado, siempre durante el diálogo con la radio universitaria, Pastore dijo que la provincia “tiene su inventario y está realizando estudios de máximo nivel para un glaciar de escombros en la cuenca del Río San Juan y para un glaciar de escombros en la cuenca del Río Jáchal”.

Zama

Foto: Paula Farias